Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) adoptaron este 17 de octubre nuevas normas de impuestos que obligarán a todos los exchanges de criptomonedas a informar sobre las transacciones efectuadas.
Se trata de la normativa DAC8, también conocida como la octava directiva sobre cooperación administrativa, la cual establece la obligación de declarar datos de sus clientes para los exchanges, proveedores de wallets, brókeres y otras compañías de criptomonedas.
La medida, aprobada por el Parlamento Europeo en septiembre pasado, entrará en vigor en enero de 2026. Previamente recibió el visto bueno del Consejo Europeo. Su objetivo es “restringir el anonimato en las transacciones con criptomonedas y evitar que los usuarios evadan a las autoridades tributarias”.
Para ello, establece que los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño, deberán suministrar información de sus clientes a las autoridades tributarias del país de la UE en el que tienen base las operaciones. Las autoridades deberán, a su vez, enviar toda la data al resto de los socios europeos. Este intercambio tiene fines tributarios, según señala el documento. Se busca con ello “mejorar la recaudación”.
Se aclara asimismo que los movimientos a declarar deben ser los relacionados con activos que se emiten de manera descentralizada, tales como bitcoin (BTC), así como stablecoins y ciertos tokens no fungibles (NFT).
Cabe aclarar que con estas normativas se atienden las directivas establecidas en el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) aprobado en abril pasado. Específicamente en lo que concierne a las acciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Al respecto, el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Paolo Gentiloni, considera que el acuerdo es una buena noticia para la transparencia fiscal en el ámbito de las criptomonedas. Agrega que, a su juicio, “el anonimato significa que muchos usuarios de criptoactivos que obtienen beneficios considerables escapan al control de las autoridades tributarias, lo cual es claramente inaceptable».
Sin embargo, algunos críticos han expresados opiniones contrarias sobre la DAC8. Se señala el atentado contra la privacidad de los usuarios, indicando además que restará capacidad de supervisión a los Estados miembros de la UE.
Max Bernt, director jurídico de Blockpit, escribió en un análisis de principios de este año que un cambio tan radical «afectará en particular a la posibilidad de que los exchanges determinen, caso por caso, si un criptoactivo transferido es notificable o no». También expresó su preocupación por la posible «duplicación de informes».
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