La victoria electoral del populista de derecha Javier Milei el 19 de noviembre en las elecciones de Argentina subraya un auténtico viraje tras años de kirchnerismo. No solo se trata de un cambio en la administración, sino en políticas clave, como la de fusionar o eliminar varios ministerios -pasando de 18 a 8- y privatizaciones de empresas públicas, como la petrolera YPF y los medios de comunicación estatales. Estas son, de hecho, algunas de las medidas que pretende aplicar el nuevo Gobierno cuando asuma sus funciones el próximo 10 de diciembre.
Pero las reformas enfocadas hacia el sector público del país también ponen el punto de mira en el número de puestos del aparato burocrático que tanto Milei, durante la campaña electoral, como algunos sectores de la entonces oposición y expertos de la sociedad civil, han criticado durante años.
“No estamos hablando de cientos de trabajos que no existían o que no se necesitaban, sino de cientos de miles de puestos de trabajo innecesarios”, dice a DW Franco Fugazza, economista especialista en regulación económica de servicios públicos. “Entre 2003 y 2015 se crearon 1,4 millones de empleos públicos y, sin embargo, no crecieron las funciones de los distintos estamentos del Estado ni mejoraron sus servicios”, señala.
¿Menos ministerios, menos gasto?
Tal y como subraya el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el 80 por ciento de los empleados públicos argentinos trabaja a nivel de provincias y municipios, y a penas un tercio lo hace a nivel nacional, fruto de un largo proceso de descentralización del país.
En la actualidad, el sector público argentino cuenta con un total de 3.473.700 empleados asalariados, según el último dato correspondiente a agosto de 2023 y publicado en noviembre por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. De ellos, unos 700.000 corresponderían a nivel federal y 2.700.000 al nivel provincial y municipal.
Para Alejandro Miguel Estévez, director del Centro de Estudios del Estado y las Organizaciones Públicas (Cedop), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, “que decrezca la cantidad de ministerios no implica que decae la cantidad de empleados, simplemente cesan ministros y secretarios, pero no hay un empleo público que se pierda en gran cantidad”. Indica a DW que “eso tampoco es una reducción muy grande del gasto público, sino que es algo más simbolíco”.
En opinión de Fugazza, la cuestión no es el número de ministerios, sino la cantidad de empleados en cada uno, y subraya que el caso argentino “se han creado muchas sub-dependencias para poder compensar a militantes o cuadros políticos, sin consideraciones de utilidad pública”. Para el experto, “la eliminación de ministerios sin la reducción de la cantidad de empleados públicos no políticos apenas tendría impacto en las cuentas fiscales”.
Situación “paradigmática” en Argentina
Valeria Marina Valle, académica del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señala a DW la situación “paradigmática de Argentina”, en la que “durante momentos de crisis el Estado se ha convertido en el principal empleador”.
“Esta situación funciona como un tipo de ‘red de seguridad’ contra el desempleo, acrecentada además por la necesidad de satisfacer a los diferentes sectores de las coaliciones políticas en el poder”, agrega.
De hecho, tal y como recoge la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), durante los primeros tres gobiernos kirchneristas (2003-2015), el empleo público estatal aumentó en un 65%, pasando de 2.210.169 a 3.602.990 personas. Y, según Fugazza, casi todos los gobiernos provinciales y municipales donde se dio este aumento eran del mismo signo político que el gobierno nacional, “es decir, partido justicialista o peronismo”.
La cifra de empleo de la administración pública a nivel nacional cayó entre 2015 y 2019, mientras que sí crecieron los puestos en províncias y municipios, según destacó el medio online Chequeado.
El fenómeno “ñoqui”
Las críticas al sector público nacional también han ido en dirección a los llamados “ñoquis”, es decir, empleados públicos que no van a trabajar, tanto a nivel nacional como de provincias y municipios, aunque cuantificarlos es complejo, indican expertos consultados por DW.
“No se sabe cuántos de los empleados públicos estarían bajo este esquema, pero aparecen indicios todo el tiempo de que esta situación se da generalizadamente”, sentencia Fugazza. “Por ejemplo, la biblioteca del Congreso de la Nación tiene cerca de 2.000 empleados y no hay siquiera lugar para tanta gente”, dice.
Una visión que no comparte Miguel Estévez, del Cedop: “Puede haber algunos agentes públicos que estén ligados a la política, que no van a trabajar normalmente como el resto, pero no es el caso de la mayoría”, dice.
Privatizaciones “simbólicas”
Mileideclaró que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en manos del sector privado“. Pero a juicio de algunos expertos, esto no es una novedad, ya que hubo privatizaciones en los noventa. Como recuerda Miguel Estévez, “Argentina no es un país estatista, pero hay una cuestión simbólica de reprivatizar”.
“Una (semi)privatización de los medios públicos y de la aerolínea estatal (Aerolíneas Argentinas) sí reduciría gasto público y déficit asociado”, dice Fugazza, aunque presenta sus dudas respecto al mismo modelo para la petrolera estatal.
(ers)
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