“Todas las empresas de Bitcoin deberían venir a El Salvador”. Es el mensaje que publica el bitcoiner estadounidense Max Keiser en su cuenta en X, ante los comentarios que se hacen en la red social sobre la reciente decisión de la wallet de bitcoin Phoenix de salir de Estados Unidos.
Con su publicación, Keiser, que ahora reside en El Salvador, busca resaltar las ventajas regulatorias que ofrece el país centroamericano, donde bitcoin es moneda de curso legal desde septiembre de 2021.
Resaltan, en ese sentido, los cambios en la regulación que se han venido implementando en últimos dos años y medio. Esto, a través de una legislación que no solo fomenta el uso de la moneda digital entre sus ciudadanos, sino que promueve el desarrollo del ecosistema bitcoiner y abre las puertas a las empresas vinculadas al sector.
Entre las leyes aprobadas se halla la ley de Emisión de Activos Digitales, aprobada en enero de 2023. La misma otorga una base legal a las operaciones y transferencias de activos virtuales en El Salvador, además de regular la emisión de estos activos y sus ofertas públicas.
Se busca así no solo la protección de los inversionistas, sino que se apoya el surgimiento de empresas, «mostrando que estamos abiertos a los negocios para todos aquellos que deseen construir el futuro en bitcoin», tal como expresó el equipo de la Oficina del Bitcoin. Una instancia creada por el presidente Nayib Bukele en 2022 para atender los asuntos relacionados con la moneda digital.
En este contexto, también entró en vigor la ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnológica. La legislación elimina una serie de impuestos a los desarrolladores tecnológicos por al menos 15 años.
La idea es proporcionar incentivos fiscales a personas naturales y jurídicas, así como nacionales o extranjeras que se dediquen a la tecnología, lo que incluye a las empresas y desarrolladores de bitcoin y demás criptomonedas.
Adicionalmente, se puso en marcha el programa Pasaporte de la Libertad, con el cual se facilita a inversionistas extranjeros obtener la ciudadanía salvadoreña. Para ello deben desembolsar USD 1 millón en bitcoins o tether (USDT) a favor del desarrollo social, cultural y económico de ese país. Todo esto, a cambio de obtener 1 de 1.000 pasaportes que se entregarán anualmente.
De esta forma, mientras las autoridades de Estados Unidos se han enfrascado en aplicar normas punitivas y perseguir a los miembros y empresas de la industria bitcoiner, a través de demandas y ordenes de encarcelamiento; en El Salvador se ha venido creando un marco regulatorio atractivo. A juzgar por los resultados obtenidos, la estrategia parece exitosa.
Tal como ha informado CriptoNoticias, ya son ocho los inversionistas que han sido atraídos por el programa Pasaporte de la Libertad, y se espera que lleguen más. Esto, al tiempo que crecen las solicitudes de empresarios que quieren residenciarse y operar en el país.
Estados Unidos, por su parte, ha seguido adelante con una arremetida regulatoria que está ahuyentando a los empresarios e inversionistas de bitcoin, tal como ha anunciado Phoenix.
Las restricciones regulatorias, que comenzaron a escalar desde hace más de un año, han llegado a un punto crítico en los últimos meses. A las demandas contra exchanges como Coinbase y Binance, la exigencia de impuestos que amenaza la privacidad de los inversionistas, ahora se suma la detención de desarrolladores de Samourai Wallet.
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