El viernes 9 de diciembre de 2022 no fue un día normal en Bruselas, Bélgica. En la tarde, la prensa reveló una serie de redadas en la capital belga y en Italia, en la que personas que trabajaban o tenían estrechos vínculos con el Parlamento Europeo fueron detenidas por poseer fajos de billetes supuestamente obtenidos de forma ilícita.
Ocho personas fueron capturadas y se intervinieron 19 domicilios en los dos países europeos, según el diario belga Le Soir. Pero en las próximas semanas se produjeron más detenciones y hasta ahora se ha decomisado 1,5 millones de euros.
Daniel Freund, legislador alemán del partido Los Verdes y portavoz anticorrupción de la Unión Europea (UE), contó que tres días después su oficina ya había sido contactada por al menos 64 periodistas: “No creo que el Parlamento haya recibido alguna vez tanta atención y por una historia tan triste, que arruina la reputación de la cámara”, recordó.
A un año del escándalo de corrupción bautizado “Qatargate”, poco se ha esclarecido. Al parecer, dos sospechosos confesaron, pero desde entonces las investigaciones belgas se estancaron. Nadie ha sido condenado y varios sospechosos alegan inocencia.
¿Quiénes son los principales implicados?
De los ocho detenidos, la cara de más alto perfil es la de Eva Kaili, eurodiputada griega y exvicepresidenta del Parlamento Europeo. Su compañero de vida, Francesco Giorgi, y su jefe, el exeurodiputado Antonio Panzeri, ambos italianos, también fueron detenidos el 9 de diciembre.
Todos los eurodiputados sospechosos pertenecen al grupo parlamentario socialista de centro-izquierda. Panzeri confesó su implicación en enero de 2023 para obtener clemencia y se cree que estaba en el centro de una compleja red. Giorgi confesó incluso antes, pero negó que su pareja estuviera implicada en la trama.
Otros dos eurodiputados fueron detenidos tras levantarles la inmunidad parlamentaria: Marc Tarabella, de Bélgica, y Andrea Cozzolino, de Italia. También fue detenido y posteriormente puesto en libertad Niccolo Figa-Talamanca, director de una ONG que compartía oficinas con una organización dirigida por Panzeri.
¿De qué se acusa a los sospechosos?
Principalmente, a los sospechosos se les acusa de pertenencia a organización delictiva, corrupción, blanqueo de dinero y tráfico de influencias políticas.
Se le llamó “Qatargate” porque acusaciones contra ese país fueron las primeras en salir a la luz. Sin embargo, otros documentos revisados por DW sugieren que Marruecos y Mauritania estarían involucrados. Los tres gobiernos niegan su implicación o han declinado hacer comentarios.
Según una investigación hecha por el medio Politico, los expedientes filtrados del caso aportan pruebas de 300 presuntos intentos de manipular la democracia de la UE. Entre ellos, se incluyen los esfuerzos por sofocar resoluciones críticas sobre determinados países no europeos.
Aún no está claro qué se pretendía conseguir exactamente con el dinero supuestamente pagado por estos países, pero Nick Aiossa, director de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional, sugiere que estos pagos millonarios podrían asegurar determinados objetivos políticos o mejorar la imagen de algunos extracomunitarios en Bruselas.
¿Dónde están ahora?
Hasta ahora, nadie está tras las rejas. La mayoría de ellos lleva una etiqueta electrónica. Kaili, que alega con vehemencia su inocencia, volvió al Parlamento. Freund dijo haberla visto y reconoció que, aunque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, verla en persona era “extraño”.
De hecho, la eurodiputada pasó a la ofensiva, y acusó a la justicia belga de extralimitarse en sus investigaciones contra ella e incluso intentó rebautizar el escándalo como “Belgiumgate”.
Medidas del Parlamento Europeo no bastan
A raíz del “Qatargate”, la UE introdujo un modesto paquete de reformas, como exigir a todos los eurodiputados que revelaran sus reuniones con grupos lobbistas y no solo a determinados tipos de eurodiputados. Sin embargo, algunos creen que la respuesta es insuficiente.
Aiossa señaló que se dejaron sin tocar cuestiones culturales mucho más amplias dentro del Parlamento y que los eurodiputados “han desarrollado, por desgracia, una cultura de impunidad bastante tóxica”. En tanto, Freund declaró que se sintió decepcionado con los esfuerzos de reforma porque el ímpetu inicial por cambiar se había desvanecido claramente. (ju/rr)
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