La ‘guerra del agua’ se salda con el indulto a Doñana, el mayor humedal de España

El Gobierno de España y el regional de Andalucía han llegado a un acuerdo que pone fin a la guerra del agua que amenazaba al mayor humedal del país, el Parque Natural de Doñana, un símbolo de biodiversidad cercado por la sequía, por la agricultura de regadío y por los miles de pozos ilegales que lo rodean.

El acuerdo ha tumbado la ley que el conservador Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en Andalucía, había impulsado para regularizar la extracción ilegal de miles de metros cúbicos de agua y que estaba en el punto de mira de la Unión Europea (UE), institución que amenazaba con graves sanciones por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ya condenó a España en 2021.

La polémica saltó al escenario internacional en el último año y provocó el boicot en Alemania de la fresa de los productores de Huelva, como medida de presión para salvar un ecosistema único en Europa, donde habitan animales en peligro de extinción, como el lince ibérico, y se reproducen miles de aves europeas y africanas.

La ley abanderada por el PP, y respaldada por otros dos partidos, Ciudadanos y el ultraderechista Vox, provocó un fuerte encontronazo con el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Sin embargo, este lunes se escenificó la paz con un paseo conjunto de Ribera y el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, por los humedales de Doñana y declaraciones de ambos señalando la importancia de un acuerdo que significa una amnistía para el Parque Natural y un impulso para el desarrollo de la región.

350 millones para el cierre de pozos y la reconversión

El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa 350 millones de euros para cerrar un conflicto sobre el que se ha estado negociando discretamente durante los dos últimos meses.

La intención es trasformar regadíos de la corona norte de Doñana, mayoritariamente los ilegales, en zonas forestales, de cultivos de secano o, en menor medida, de agricultura ecológica, con un plan al que podrán acogerse agricultores de 14 municipios: Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz; Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado, en Huelva; Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa, en Sevilla.

Los agricultores recibirán 100.000 euros por hectárea, en diez plazos de 10.000 euros anuales durante una década, si transforman sus explotaciones en suelos forestales, con el compromiso de que permanezcan así durante 30 años.

En el caso de que se inclinen por la conversión en cultivos de secano, como la vid, el olivo o el almendro, la ayuda ascenderá a 30.000 euros; mientras que quienes opten por pasarse a la agricultura ecológica recibirán 10.000 euros.

Este desembolso se suma a los 356 millones de euros del plan de infraestructuras que aprobó el Gobierno en noviembre de 2022, y a otros 700 millones que pondrá el Ejecutivo andaluz.

Las ayudas las recibirán tanto los cultivos legales como los ilegales, si bien seguirán en pie las sanciones a los cientos de agricultores freseros que tienen multas administrativas de los agentes medioambientales y a la cincuentena que han sido condenados por la vía penal.

Adiós a la ley de la discordia

La ley que hizo saltar todas las alarmas empezó su recorrido en 2002 en forma de propuesta parlamentaria del PP, entonces en minoría en el Gobierno, y de Ciudadanos y Vox. La norma pretendía dar licencia a unas 1.400 hectáreas de regadíos ilegales.

Contaban con el apoyo de una gran parte de la población que viven directa o indirectamente de los cultivos intensivos que bordean el Parque Natural. Aunque el presidente andaluz adelantó las elecciones y consiguió la mayoría absoluta, la norma decaída seguía sobre la mesa y volvió a presentar el proyecto legislativo.

El intento de regularizar los pozos ilegales que estaban sangrando Doñana contó desde el principio con la rotunda oposición de la vicepresidenta Teresa Ribera, del Consejo de Participación de Doñana, la comunidad científica, las organizaciones ecologistas, la Unión Europea e, incluso, la Unesco, que el pasado septiembre había aprobado resoluciones para proteger el humedal.

Boicot a la fresa

El documento finalmente ratificado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía recoge también que se busca incrementar el prestigio de los productos provenientes de Doñana.

Los insumos agrícolas de esta región, especialmente los frutos rojos y más en concreto las fresas, llevan años en el punto de mira de la opinión pública por las prácticas que se han denunciado reiteradamente, como la condiciones laborales de las temporeras extranjeras que allí laboran.

A esas críticas se había unido el daño medioambiental que infringen al Parque Natural, de manera que la pasada primavera se llegó a promover un boicot a la fresa de esta región en Alemania, al que se sumaron los principales supermercados del país para evitar que avance la desecación del humedal español.

Tan solo en la provincia de Huelva, en 2022 las exportaciones de productos del campo alcanzaron los 1.386 millones de euros, 583 de ellos provenientes de la fresa.

Reacciones

Tras la publicidad de este acuerdo se han producido reacciones generalizadas de satisfacción, si bien cautelosas hasta que se haya estudiado la letra pequeña. Así lo ha hecho Julio Díaz, portavoz de la plataforma de regantes del Condado, una de las impulsoras de la ley de la discordia, en una entrevista en Onda Local de Andalucía.

“Todo el acuerdo a nosotros nos parece bien”, dijo, para apuntar a continuación: “Nosotros lo que vamos a hacer es fiscalizar que se cumpla y vamos a estar vigilantes en que los términos que están pactados con los agricultores se cumplan al pie de a letra”. 

Las organizaciones ecologistas también han mostrado su agrado, pero con más peros. Así, el secretario general el WWF España, Juan Carlos del Olmo, hablaba este lunes de “sentimientos encontrados” y decía estar “escandalizado” por el pago de 100.000 euros por hectárea también “a los que se lucran robando agua”.

Doñana en estado crítico

Las 122.487 hectáreas de Doñana, entre la extensión de Parque Nacional y la de Parque Natural, abarcan tres provincias andaluzas, Huelva, Sevilla y Cádiz, y se encuentran rodeadas de zonas agrícolas de cultivo por regadío en su inmensa mayoría.

Su estado actual es crítico, con el 59 % de las lagunas de mayor tamaño sin inundarse desde al menos 2013. Este ecosistema emblemático se encuentra amenazada por la extensión de las áreas de cultivo, que han crecido en los últimos años; la sustracción ilegal de aguas subterráneas que la nutren; una urbanización de lujo construida en el espacio natural, con cercanas estaciones de bombeo y un campo de golf; y la acuciante sequía de los últimos años.

El 19 % de las grandes lagunas ya han desaparecido y han sido invadidas por vegetación terrestre, mientras que otro 19 % está parcialmente invadido. Además, las tres lagunas que eran permanentes, ya han dejado de serlo, y la fauna y la vegetación también se están viendo afectadas.

“De nuestras decisiones depende el futuro de Doñana y su comarca”, sostuvo el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, durante su intervención en el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana el pasado mes de abril. “Ustedes han de escoger como quieren pasar a la historia”, concluyó el experto dirigiéndose a los políticos que entonces todavía impulsaban la ley para amnistiar el expolio de agua.

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