“Si las inversiones europeas que se anuncian para Guatemala van a ayudar a las comunidades a salir del subdesarrollo, el analfabetismo y la pobreza en que las ha sumido el mismo sistema, enhorabuena”, dice a DW Bernardo Caal Xol, líder y maestro q´eqchi´ que pagó con cuatro años de prisión su defensa del río Cahabón.
“No querríamos tener que utilizar el refrán guatemalteco, en cuanto a que ‘no hay almuerzo gratis’. Si nos van a proporcionar apoyo a cambio de seguir expropiando a las comunidades, a dejarnos sin bosques, sin cerros y sin ríos, no lo vamos a permitir”, añade Caal Xol.
Durante su visita a las instituciones europeas, el líder indígena cuestiona, escéptico, la naturaleza de esas inversiones. “Hasta el 2023 hemos visto que esas inversiones se traducen en ir a destrozar los bienes de la vida o lo que ellos llaman los recursos naturales”, agrega.
Un río y un líder sentenciados
En 2018, por oponerse al proyecto hidroeléctrico Renacer, fue sentenciado a siete años de prisión. “No debió pasar ni un solo día en la cárcel”, afirma Amnistía Internacional, que lanzó una campaña para su liberación. Medio millón de cartas en defensa del maestro de primaria y su buen comportamiento en la cárcel -donde enseñó a leer y a escribir a otros prisioneros- lograron su libertad. A pesar de ello, nuevos procesos penales penden sobre su destino.
Bernardo Caal Xol es el único de su familia que aprendió a leer y a escribir; su padre lo llevó a los ocho años a vivir a la ciudad, con una familia que hablaba español y lo envió a la escuela.
Hoy en día, “en las comunidades, el 90% de los niños trabaja en los cafetales. Muchos son analfabetos, no hay oportunidades de ir a la escuela. Y si duramente aprenden a leer y a escribir, saben que no van a ser ingenieros. Se los obliga a vivir en la pobreza”, afirma.
¿Qué culpa tienen la palma, el azúcar y el café?
Según informa, por los cultivos de palma africana y de azúcar, comunidades enteras son desalojadas. “Hay algunas que aún resisten, porque cuentan con la escritura de la propiedad. Pero, créame, cuando las empresas tienen interés en algún proyecto, aunque haya escrituras, las tierras son expropiadas y la gente es desplazada. Se van a otro lugar, a casa de algún familiar. Y esto significa más pobreza todavía”, apunta Caal Xol. Cabe recordar que en el marco del Acuerdo de Asociación, en vigor desde el 2012, las importaciones desde Guatemala a la UE se duplicaron (según estudio de impacto, publicado en 2022), debido mayormente a los aceites vegetales -por ejemplo, el de palma- las frutas y los rones y licores. “La palma africana destruye a Guatemala, acaba con la milpa, con las tierras que eran de maíz, la alimentación de los q´eqchi´”, subraya.
¿Buenas directivas solo para Europa?
El momento de la visita de Bernardo Caal Xol es muy oportuno. Por un lado, nuevas inversiones europeas están en camino. Por otro, a punto está de ser aprobada -o reprobada- una ley de diligencia debida, que obligaría a las empresas europeas a respetar derechos humanos, laborales y ambientales donde sea que operen.
La nueva legislación sería obligatoria solamente para poco más del 1% de las firmas europeas -con más de 500 empleados y un volumen de 150 millones de euros – y para aquellas con más de 250 empleados que operen en sectores sensibles como el textil y el agrícola. A pesar de que el sector financiero y buena parte de la cadena de valor quedarían exentos de tener que probar debida diligencia en sus acciones, organizaciones de derechos humanos abogan por su ratificación.
Por otro lado, para el ámbito europeo se acaba de aprobar (27.02.2024) una directiva que endurece las sanciones a crímenes ambientales, también otra que obliga a los Estados a restaurar el 30% de los hábitats (bosques, pastizales, ríos, lagos) hasta el 2030, el 60% hasta el 2040 y el 90% hasta 2050.
En este contexto, Caal Xol pregunta: “¿Pero en Guatemala quién controla los efectos de cuando un empresario español viene a construir hidroeléctricas y desvía un río, dejando sin agua y sin peces a las comunidades, y a muchos animalitos sin su entorno? ¿Dónde se pone una denuncia por la minería con capitales europeos que ha contaminado el lago de Izábal en territorio maya q´eqchi´?”
En su opinión, es imperativa no solo la legislación de debida diligencia que está en curso, sino una mejor. “Se requiere mucho control para que las decisiones no se tomen entre el capital y el gobierno de turno, para que se incluya a las comunidades. Se requiere que la inversión no sea igual a robo y que las leyes prevean castigos. Mi pueblo se está manifestando porque -desde el gobierno anterior- se están firmando más licencias para hidroeléctricas. Nuestra protesta sigue; no vamos a parar hasta liberar el río”, concluye.
(ers)
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