Milei presenta ley que permitirá blanquear criptomonedas nunca declaradas

El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso de Argentina un proyecto de ley que, entre otras cosas, establece el blanqueo de tenencias en bitcoin (BTC) y criptomonedas nunca antes declaradas.  

Se trata del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, en el cual se incluye, dentro del régimen de regularización de activos (blanqueo de capitales), a las criptomonedas, criptoactivos y bienes similares.  

En su artículo 137, el proyecto regulatorio identifica a los bienes que podrán ser alcanzados por el régimen de regularización, entre los cuales destacan las monedas nacionales, extranjeras, inmuebles dentro y fuera del país, así como las criptomonedas.  

Según lo planteado por el Ejecutivo controlado por el economista liberal, se permitiría el blanqueo de bienes, entre esos, las criptomonedas, que hayan sido ganadas o compradas en el exterior o que estén bajo custodia de un servicio en el extranjero (como exchanges o wallets de Bitcoin).  

Esto significa que los bitcoins y criptomonedas, una vez blanqueadas o regularizadas, pueden ser usadas dentro del territorio argentino para cualquier tipo de negociación, como la adquisición de otros bienes. 

El documento del proyecto destaca que es irrelevante, respecto a las criptomonedas o criptoactivos que las personas vayan a regularizar, “quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieron depositados, custodiados o guardados”.  

No lo aclara el proyecto de ley, pero, al referirse a bienes similares, se puede entender que la medida podría alcanzar a los tokens no fungibles (NFT), por ejemplo, así como otros tipos de tokens. 

En general, la normativa podría beneficiar (impositivamente) a los usuarios que tienen gran cantidad de criptomonedas nunca antes declaradas ante el fisco argentino. El proyecto buscaría agilizar tal declaración y ahorrarles el pagar algunos impuestos.  

Algo que también beneficiaría al Estado argentino, ya que, con la medida, se podría inyectar dinero en blanco en la economía formal y regulada del país latinoamericano. 

Marcos Zocaro, abogado, asesor y miembro de ONG Bitcoin Argentina, explicó a CriptoNoticias que, mediante el blanqueo, una persona que, por ejemplo, evadió impuestos, puede regularizar los fondos obtenidos y no declarados oportunamente. Para eso, solo tendrá que pagar una penalidad, que le permitirá usar el dinero de manera libre en el país. 

Llevándolo a las criptomonedas, en el caso de que un usuario de bitcoin tenga algunos satoshis holdeados en un exchange internacional y no los haya declarado oportunamente ante la Hacienda argentina, puede blanquearlos amparándose en esta ley (de ser aprobada) para poder usarlos libremente en el país y, con ello, comprar un carro o una casa, por ejemplo. 

Un impuesto único

La regulación propuesta por el gobierno de Milei también establece una base imponible para que, a los fines del Régimen de Regularización de Activos, se pueda determinar el “Impuesto Especial de Regularización”, el cual será calculado en dólares estadounidenses.  

En el caso preciso de las criptomonedas, esta base imponible se calculará en base al valor de mercado a la fecha de la regularización o su valor de adquisición. De ambos, “el que fuera mayor”, dice el proyecto.  

Ya ingresado el proyecto de ley, queda que el Legislativo argentino inicie el procedimiento para que la propuesta del Ejecutivo avance en su aprobación hasta convertirse en una ley más de la República Argentina.  

El proyecto de ley presentado por Milei ante el Congreso confirma la intención del gobierno liberal de permitir la libre negociación de distintos activos, entre ellos las criptomonedas, en el país. Ello, como parte de la apertura económica planteada por el presidente.  

La semana pasada se informó que el gobierno de Milei confirmó que, como parte de las medidas económicas de su administración, se autorizaba el pacto de contratos con bitcoin y otros activos, como litros de leche o kilos de carne. Esto, como parte del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Ejecutivo argentino.