Alrededor de doce millones de personas en Alemania no tienen pasaporte alemán, aunque casi la mitad de ellos vive en el país desde hace más de diez años. Es probable que esto cambie con la nueva Ley de Ciudadanía. En el futuro, quienes se sustenten a sí mismos, podrán solicitar un pasaporte alemán después de sólo cinco años y no después de ocho.
Pero también quien, por ejemplo, colabore en el cuerpo de bomberos de voluntario, es decir, quien muestre buen rendimiento a la hora de integrarse, podrá convertirse en alemán al cabo de sólo tres años en lugar de seis. Además, la doble nacionalidad será posible para todos, no sólo para los ciudadanos de la Unión Europea.
“La gente que vive aquí desde hace décadas tiene al fin pleno acceso a la participación democrática sin tener que renunciar a su propia historia”, afirmó Konstantin von Notz, portavoz y vicepresidente de Los Verdes, al diario tageszeitung. Por su parte, Hakan Demir, del SPD, considera que la reforma es un “gran éxito”, a pesar de las enormes críticas.
Hacia un “país de inmigración más moderno”
El Gobierno en coalición, formado por los socialdemócratas (SPD), Los Verdes y el partido liberal FDP, es “la única coalición política con la que esto fue posible”, dijo también el diputado al taz.
La ministra federal de Migración, Refugiados e Integración del SPD, Reem Alabali-Radovan, explicó en la emisora Deutschlandfunk que habrá muchos requisitos para obtener la ciudadanía alemana. Alemania quiere convertirse en un país de inmigración moderno y atraer trabajadores cualificados del extranjero. En comparación con otros países, Alemania está más atrasada en este aspecto.
La ministra federal del Interior, del partido SPD, Nancy Faeser, afirmó durante el debate en el Bundestag: “Nosotros también tenemos que hacerle a la gente cualificada de todo el mundo una oferta como EE. UU., como Canadá”.
El vicepresidente y portavoz del grupo parlamentario del SPD, Dirk Wiese, afirmó: “Nos aseguramos de que las personas que contribuyeron a la construcción del país también puedan participar legalmente en la vida en Alemania”. El diputado del SPD, Adis Ahmetovic, declaró al diario Tagesspiegel: “La doble nacionalidad no es sólo un instrumento económicamente sensato para atraer trabajadores cualificados en el futuro, sino también un reconocimiento tardío de los grandes logros de personas con historia migratoria en Alemania”.
Unión, pasaporte alemán devaluado
Sin embargo, los democristianos de la Unión, formada por los partidos CDU y su socio bávaro CSU, critica dicha reforma. En los últimos meses, sus parlamentarios, como el secretario general de la CSU, Alexander Dobrindt, han hablado repetidamente de “malvender” la ciudadanía alemana.
“Preservar el valor de la ciudadanía alemana” fue el título de una moción de la fracción en el Bundestag, que describía el plan del Gobierno como “fundamentalmente erróneo”. La reforma ignora “la crisis migratoria y los problemas de integración”. Se pidió un proyecto de ley “que desarrolle la ley de nacionalidad de manera cuidadosa y acorde con la realidad”.
El portavoz de política interior del grupo parlamentario CDU/CSU en el Bundestag, Alexander Throm, afirmó en Deutschlandfunk que se trata de una “ley de devaluación de la ciudadanía”. Los nuevos plazos son demasiado cortos para garantizar que la integración sea sostenible. “El Gobierno no sólo cambia una ley de ciudadanía, quiere cambiar nuestra sociedad”, dijo.
Nueva mención contra el antisemitismo
También es novedoso que los extranjeros no sólo tienen que comprometerse con el orden liberal democrático recogido en la Ley Fundamental Alemana, sino también con “la especial responsabilidad histórica de Alemania por el injusto gobierno nacionalsocialista y sus consecuencias, especialmente en cuanto a la protección de la vida judía”.
Las críticas a la nueva ley de ciudadanía provienen no sólo de la oposición, sino también de organizaciones de la sociedad civil. En el futuro, las personas que no puedan sustentarse a sí mismas sólo podrán nacionalizarse mediante una regulación de casos extremos. Por lo tanto, ya no tienen ningún derecho legal; la nacionalización queda al libre albeldrío de las autoridades responsables.
“Nos hubiera gustado una solución legalmente vinculante que excluyera legalmente la discriminación, por ejemplo, contra personas con discapacidad, padres solteros o personas mayores”, criticó Ulrich Schneider, director general de la Asociación Paritaria de Bienestar.
(rmr/ms)
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